El portavoz del Grupo de IU en la
Cámara provincial de Huelva, Rafael Sánchez Rufo, recuerda que estas medidas de
izquierda dirigidas a las personas que viven en situación de emergencia social
son las que “la ruptura del pacto y el adelanto electoral decidido por Susana
Díaz hace imposible que se pongan en marcha” para no molestar a los bancos y
grandes empresas.
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| Sánchez Rufo preparando la Moción de pobreza energética |
El Grupo de Izquierda Unida en la
Diputación de Huelva lleva al próximo Pleno
una moción en la que pide que la Institución provincial inste al próximo
Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a poner en marcha la Ley de
Garantía en los Suministros mínimos vitales. En la iniciativa, dada a conocer
hoy por el portavoz, Rafael Sánchez Rufo, se solicita a la Diputación que
habilite una partida presupuestaria para evitar el aumento de la pobreza
energética en nuestra provincia donde, a través de Asuntos Sociales y en
colaboración con los diferentes ayuntamientos, se garantice el pago de recibos
de luz, agua y gas, estableciendo para ello criterios claros, transparentes y
homogéneos para su concesión basados en la renta familiar.
Sánchez Rufo recuerda que esta
propuesta, unida a la renta básica, el banco de tierras y la banca pública
forman parte fundamental del programa que Izquierda Unida presenta para las
próximas elecciones Autonómicas y Municipales y advierte que precisamente este
tipo de propuestas “que se hacen para defender a las personas más afectadas por
la crisis, son las que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha barrido con
su adelanto electoral y ruptura del pacto de gobierno”. Y subraya que en el
Pleno de presupuestos de 2015 de la Diputación de Huelva, Izquierda Unida
presentó una enmienda para dotar con 120.000 euros un plan específico de lucha
contra la pobreza energética en la provincia de Huelva que fue rechazado con
los votos del PSOE y la diputada tránsfuga Pepi Cristo.
La moción asegura que la Junta de
Andalucía debe aprobar el Decreto Ley de Garantía de Suministros Mínimos
Vitales donde se acuerde con las empresas suministradoras el establecimiento de
un precio social en los suministros básicos de los hogares con poder adquisitivo
reducido y, en particular para las familias en riesgo de exclusión social,
además de establecer criterios claros, transparentes y homogéneos para su
concesión basados en la renta familiar.
Izquierda Unida no quiere esperar a que
se forme el nuevo Gobierno andaluz para implementar esta medida que no implica
un aumento presupuestario. Sánchez Rufo califica la situación de muchas
familias como de “emergencia”. Por eso reclama en su moción que la Diputación
de Huelva garantice, en colaboración con los ayuntamientos, que ninguna familia
en riesgo de exclusión social o con rentas bajas sobrevenida por la crisis se
quede sin luz, gas o agua que los convierta en pobres energéticos.
