Asentamientos de chabolas en Huelva: 26 años de abandono
institucional
Un temporero durmiendo en la calle después del incendio que destruyó su chabola en Palos de la Frontera. // Asociación Multicultural de Mazagón.
Las organizaciones políticas,
sindicatos y colectivos ecologistas y sociales abajo firmantes han lanzado hoy
una protesta unánime de indignación y exigencia ante la insostenible e indigna
realidad de los asentamientos de migrantes temporeros en la provincia de
Huelva.
Tras 26 años de
existencia de chabolismo, como única solución habitacional para una parte de
trabajadores y trabajadoras temporeras, el problema sigue prácticamente
en el mismo punto de inicio. Las tímidas soluciones propuestas hasta la fecha no solventan la magnitud del problema, lo que
representa una prueba flagrante de la falta de voluntad política y de una
gravísima descoordinación entre las tres administraciones y el empresariado del
sector.
Los intentos por hallar una solución teórica
no han faltado. Desde 2014, el Foro Provincial de la Inmigración de Huelva
—espacio que reúne a los actores locales y a los tres niveles de la
administración— busca una alternativa habitacional digna que sigue sin
materializarse. Tampoco ha tenido impacto real sobre el terreno la firma, el 1
de julio de 2022, del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de
Moguer y Lepe, un acuerdo dotado con más de 2,5 millones de euros. En la misma
línea, el I Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos
Informales en Andalucía del Gobierno de Moreno Bonilla, presentado en 2023 y
relanzado un año después, continúa sin arrojar resultados tangibles, hasta la
fecha, ni cuenta con un presupuesto real y transparente para su ejecución.
El acuerdo marco de Doñana, firmado por el
Gobierno central y la Junta de Andalucía en noviembre de 2023, contempla
específicamente la integración y normalización de la población temporera
migrante y la erradicación del chabolismo. Se trata de infraviviendas, ubicadas
en zonas forestales de los términos municipales de Palos de la Frontera, Moguer
y Lucena del Puerto, construidas con residuos agrícolas, principalmente cartón, palés y plásticos, con
la ausencia de los más elementales servicios como recogida de basura,
saneamiento, electricidad y agua potable. Esta situación supone un riesgo para
la integridad de esta población y para
la conservación de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera de Doñana.
El pasado día 14 tuvo lugar una reunión, en
el marco mencionado, de los colectivos sociales con la Comisionada del Ciclo
del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El encuentro ha concluido con una profunda
decepción para algunas asociaciones, que lamentan que las acciones realizadas hasta la fecha no llegan
al fondo y realidad de la dramática situación que se vive en los asentamientos
chabolistas.
A pesar de que el convenio firmado entre el
MITECO y la Junta de Andalucía, en 2023, para la regeneración de Doñana
contempla fondos específicos para medidas sociales y la eliminación de los
asentamientos, la realidad es que la sociedad civil desconoce qué acciones
reales se están ejecutando en los municipios para esta finalidad, teniendo en
cuenta que este convenio debería terminar en 2027.
Instamos a que la Junta de Andalucía,
firmante del Protocolo, lidere y coordine las acciones necesarias en las que
participen todas las administraciones (estatal, autonómica y municipal), los
agentes sociales y económicos para garantizar unas condiciones dignas a las
personas trabajadoras.
Los colectivos firmantes reclaman su derecho a conocer con absoluta transparencia en qué se gastan
los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, el
presupuesto proveniente del MITECO. Denuncian, asimismo, que las
administraciones locales operan bajo un esquema de racismo institucional que se
evidencia en varias realidades flagrantes que califican como un auténtico
“castigo colectivo” hacia las personas trabajadoras migrantes y que se enumeran
a continuación:
Ausencia
mayoritaria de ayuda humanitaria de emergencia:
Tras los sucesivos y devastadores incendios en los núcleos chabolistas, los
ayuntamientos mencionados han negado sistemáticamente asistencia básica de
urgencia. Decenas, e incluso centenares de personas, son abandonadas a su
suerte, obligadas a quedarse al raso y durmieron con
lo puesto sobre las cenizas de sus pertenencias.
Bloqueo
ilegal del empadronamiento: Los tres consistorios mantienen una negativa
sistemática a empadronar a las personas extranjeras en sus chabolas,
obligándolas a caer, como única alternativa, en redes mafiosas que
mercantilizan el empadronamiento. Esta práctica contraviene
directamente la legislación española vigente, que obliga a registrar a
cualquier habitante independientemente de las condiciones de su vivienda,
dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad administrativa.
Abandono
de la salubridad y acumulación de residuos:
Municipios como Palos de la Frontera y Lucena del
Puerto se niegan a recoger la basura en el entorno de los asentamientos.
El resultado son auténticas montañas de desechos inflamables que actúan como
combustible para los fuegos veraniegos, generando un foco crítico de
insalubridad.
Los asentamientos: foco de incendios y un peligro para la vida y
la salud de los trabajadores
La urgencia de estas demandas coincide con un
contexto trágico e insostenible. El devastador incendio forestal en Los
Gallardos (Almería), que ha dejado un saldo de 13
personas muertas, junto a los sucesivos incendios en la provincia de
Huelva —incluyendo el gran fuego que arrasó hace apenas una semana el
asentamiento de Palos de la Frontera— han encendido todas las alarmas.
Los asentamientos chabolistas son pasto fácil
de las llamas. En Huelva ya han muerto cinco trabajadoras y trabajadores en
estos incendios. La sociedad civil se pregunta si estamos esperando a que haya
más muertos y advierte de que, en un
país democrático y en un estado social y de derecho, es absolutamente
inadmisible que las personas trabajadoras que sostienen el motor económico de la
provincia sobrevivan en condiciones de extrema degradación humana.
Los colectivos explican que resulta difícil
entender que un negocio que genera millones de euros en ventas cada año, que
supone el 8% del PIB andaluz con una demanda de más de cien mil puestos de
trabajo en cada campaña, no sea capaz de ofrecer una solución habitacional a
unas cinco mil personas trabajadoras, siendo una chabola construida con sus
propias manos la única salida a la que se ven empujadas.
Por ello, exigimos:
- La apertura urgente de un espacio digno en Palos de la Frontera
como medida de emergencia para las cientos de personas trabajadoras que se han
quedado al raso debido al incendio del pasado 7 de julio que calcinó unas trescientas
chabolas.
-
Fiscalización y rendición exhaustiva de los fondos transferidos hasta el día de
hoy a los ayuntamientos por el MITECO.
-
Exigimos la paralización inmediata de la transferencia de dichos fondos, desde
el día de hoy, a los ayuntamientos que albergan asentamientos chabolistas hasta
que aseguren que lo invertirán en mejoras de los mismos como medida
provisional, mientras se busca una solución habitacional digna y definitiva, a
corto plazo.
-
Esas mejoras provisionales de los asentamientos se deben traducir en: la
implantación de tiendas de campaña, recogida de basura, módulos para servicios
y baños, tanques de agua potable, saneamiento básico y demás servicios
necesarios que doten de salubridad al lugar de estancia de las personas
migrantes. Recordar que el abastecimiento de agua y el saneamiento es un
Derecho Humano declarado por Naciones Unidas desde 2010.
-
El empadronamiento inmediato de todas las temporeras y temporeros que viven en
los asentamientos de acuerdo a la Ley de
Bases de Régimen Local de 1986, sus modificaciones y ampliaciones. Negar, obstaculizar o retrasar el
empadronamiento por vivir en una chabola, e incluso ausencia total de techo, es
contrario a la legislación vigente.
-
La coordinación inmediata, liderada por la Junta de Andalucía, del Gobierno
central, Junta de Andalucía, ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y
Lucena del Puerto, agentes sociales y
económicos para buscar una solución inmediata que contemple albergues de
estancia provisional y alojamientos dignos que respeten la dignidad de los
trabajadores y trabajadoras.
Por
último, la sociedad civil advierte de que el desprecio a las leyes que protegen
la vida humana y la falta de ayuda de emergencia ante las catástrofes en estos
núcleos no puede continuar amparándose en la burocracia. Exigen compromisos
vinculantes, transparencia presupuestaria y una mesa de trabajo real con
soluciones habitacionales inmediatas antes de que el fuego provoque una nueva e
inevitable desgracia humana.
Organizaciones, sindicatos y colectivos
firmantes:
1.- Ecologistas en Acción de Huelva
2.- Asociación Multicultural de Mazagón
3.- Asociación de Malienses de Mazagón
4.- Asociación de Mujeres Inmigrantes de Andalucía (AMIA)
5.- Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
6.- Asociación Latinoamericana Huelva para Todos y Todas
7.- Asociación “La Calle” (Sevilla)
8.- Asociación “En la Calle” de Sevilla
9.- Adelante Andalucía
10.- Alianza Verde
11.- Centro Andaluz del Pueblo “José Félix Rivera de Huelva
12.- Coordinadora Estatal Padrón por Derecho (formada por 33 asociaciones)
13- Comisiones Obreras de Huelva (CCOO)
14.- Entrepueblos – Entrepobles -Entrepobos – Herriarte
15.- Fundación Nueva Cultura del Agua
16.- Fundación Savia
17.- Greenpeace
18.- Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
19.- Iniciativa del Pueblo Andaluz
20.- Izquierda Unida
21.- Jornaleras de Huelva en Lucha
22.- Mairena Solidaria
23.- Mesa de la Ria de Huelva
24.- Movimiento Contra la Intolerancia
25.- Mujeres 24 horas
26.- Paralelo 36 Andalucía
27.- Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA)
28.- Podemos Andalucía
29.- Por Andalucía
30.- Traperos de Emaús de Huelva
31.- Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
32.- SOS Refugiados
