Las formaciones de derechas alarman a la comunidad educativa con falsedades que no recoge la nueva Ley para tratar de imponer un modelo educativo basado en conceder privilegios financiados con recursos públicos que niega a la mayoría de la población, ya que no quieren invertir en la mejora de la educación pública.
La aprobación de la nueva Ley Educativa (Lomloe) en el Congreso de los Diputados supondrá, aun sin haber colmado todas las expectativas que desde Izquierda Unida se tenían para su contenido, una mejora para todo el sistema educativo, además de derogar una ley tan retrograda, clasista y segregadora como ha sido la LOMCE, la denominada Ley Wert, que tanto daño ha hecho a la educación pública y a millones de alumnas, alumnos y profesionales de la educación mientras ha estado en vigor y frente a la que se han llevado a cabo numerosas movilizaciones de estudiantes, profesionales de la educación y de los colectivos que conforman la comunidad educativa pública, reclamando su derogación desde que se anunció y entró en vigor.
Izquierda Unida denuncia que la reacción de la derecha y la ultraderecha,
representada por PP, Ciudadanos y VOX, en contra de esta nueva Ley de Educación
ha consistido en la difusión de innumerables bulos e informaciones falsas
destinadas a atemorizar a la población con mentiras y mensajes alarmantes, con
los que pretenden frenar el fortalecimiento de la educación pública como
garantía de igualdad que se recoge en las medidas incluidas en la nueva Ley de
Educación.
IU califica de grave irresponsabilidad
y de un intento de sembrar incertidumbre los argumentos dados por las
formaciones políticas de derechas en relación a la educación concertada, a la
atención al alumnado con discapacidad, al uso del castellano o a la impartición
de la religión en los centros educativos. “Son falsos en todos sus extremos los
mensajes vertidos por las formaciones de ultraderecha y de derecha que no están
recogidos en la Ley y que están utilizando para tratar de imponer un un sistema
educativo que pretende segregar al alumnado en función de sus condiciones
socioeconómicas, sus capacidades e incluso su origen, vulnerando el derecho universal
a la educación. Este gravísimo menosprecio hacia la educación pública es lo que
pretende remediar la nueva Ley de Educación, frenando el objetivo de las formaciones de derechas de
imponer un sistema educativo basado en que con los impuestos que paga toda la
población se beneficie al sector privado y se deje con cada vez menos recursos
a la educación pública.
En este sentido, hay que recordar que
mientras la red estatal de centros
educativos públicos sólo registró un incremento del 1,4% de su financiación
entre 2007 y 2017, la educación privada ha sido sostenida con fondos públicos,
mejorando su presupuesto en un 25%.
Además, cada año las administraciones públicas destinan más de 6.000 millones
de euros a los centros privados acogidos al concierto educativo.
En la provincia de Huelva estudian en los 362 centros educativos públicos cerca de 120.000 alumnas y alumnos, mientras la cifra de matrículas en centros concertados y privados alcanza las 13.000. Izquierda Unida defiende que se incrementen los recursos para la educación pública y se promueva y mejore la misma frente a las limitaciones ideológicas y económicas que se puedan dar en el sector privado. Además, desde IU se hará frente a las medidas que quiere imponer la Junta de Andalucía para seguir dañando la educación pública, además de reclamar la creación de más centros públicos y la ampliación de los mismos para que el alumnado onubense disponga de centros públicos cercanos a sus lugares de residencia, dotados de todos los medios necesarios para garantizarles el acceso a una educación pública de calidad.
Para IU la libertad de elección de centro educativo, haciendo que con recursos públicos se garantice el acceso a centros privados concertados a las familias que lo deseen no tiene sustento en la Constitución española, por lo que corresponde a la administración educativa tomar las medidas para evitar la segregación del alumnado en centros que beneficiándose de fondos públicos establecen cuotas para el acceso a los mismos y obligan a las familias a pagar, mientras no dejan de recibir fondos públicos para mantener su actividad privada.
En relación al alumnado con discapacidad hay que aclarar que la nueva Ley de
Educación nunca dice que los colegios de Educación Especial vayan a cerrar, lo
que señala es que el Gobierno, en colaboración con las administraciones
educativas desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años –y siguiendo
los criterios de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad
de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030–, los centros ordinarios cuenten con los recursos
necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con
discapacidad y avanzar en su integración y desarrollo social y laboral.
Tal como señala Jesús Martín delegado
de Derechos Humanos y para la Convención del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (CERMI) “esto significará acabar con la
discriminación que sufren muchas personas con discapacidad, desde el comité
queremos una inclusión total y absoluta. Entendemos que es un proceso muy
complejo que no se puede realizar de un día para otro pero es algo que tenemos
que hacer”
Para Izquierda Unida es necesario que la nueva Ley incida más en apostar por la suficiencia de la red pública de centros, destinando suelo público sólo para la construcción de centros educativos públicos, establecer explícitamente el carácter subsidiario de los conciertos educativos para evitar menoscabar el derecho a la educación de la población con menos recursos, sacar la religión del horario lectivo, incluir la defensa de la igualdad y la prevención de la violencia de género en las aulas, garantizar la elección democrática de la dirección de los centros por parte de los Consejos Escolares, exigir la coeducación como principio educativo y de escolarización en todos los centros, etapas y aulas, impidiendo los conciertos con aquellos centros privados que impongan la separación del alumnado por razón de sexo, o discriminen por razón de creencias, origen cultural, económico y social.
