Crónica de una visita a los campos de la fresa
Fuente. www.elciudadano.com Justa Montero
Cada año, y durante tres
meses, en los campos de Huelva, alrededor de 13.000 mujeres recogen esas
fresas que tanto nos gustan cuando llegan a nuestras mesas: son “fresas sin
derechos”. Así nos lo dijeron las jornaleras a la brigada feminista de
observación que, de la mano de la Asociación de Jornaleras de Huelva en Lucha,
recorrió durante tres días los campos de la agroindustria fresera.
Ana Pinto, de familia
jornalera, trabajadora en el campo desde los 16 años “hasta que en 2018, tras
denunciar las condiciones de trabajo de las temporeras y reclamar derechos, se
me empezaron a cerrar las puertas”. Y así, explica Ana, en condiciones adversas
donde las haya, luchando por derechos frente a una patronal que emplea todos
los mecanismos legales y no legales imaginables de explotación y control, se
fue formando Jornaleras de Huelva
en Lucha, y tomó cuerpo un sindicalismo feminista basado en la
autoorganización de las trabajadoras.
Escucharlas supone
adentrarse en un feminismo que lucha por mejorar las condiciones materiales de
vida de mujeres sometidas al abuso sistemático y en un contexto patriarcal,
racista, capitalista y ecocida. Pastora Filigrana, de la cooperativa de
abogadas de Sevilla lo aclara: “Alguna vez ya dije que la comarca fresera
de Huelva es un laboratorio donde podemos ver cómo funciona este sistema que
entrecruza la violencia del capitalismo, el patriarcado, el racismo y la
explotación de la tierra y los recursos naturales. Todas las vertientes del
sistema neoliberal en una sola comarca”.
Las tramas de la
explotación
Las jornaleras contratadas
en Huelva tienen salarios míseros, jornadas de siete horas con un descanso de
veinte minutos y, en ocasiones, sin posibilidad de consolidar derechos, incluso
llevando dieciséis años en la fresa con contratos continuados de obra y
servicio. Muchas veces, teniendo que compatibilizarlo con otros trabajos
porque el salario no llega, no ya para un mínimo ahorro, sino para la supervivencia
diaria. Trabajan bajo una normativa laboral, la del Convenio del campo de
Huelva, cuyos incumplimientos resultan difíciles de denunciar por el temor,
fundado, a duras represalias y por la inacción de la Inspección de Trabajo. Sus
condiciones de trabajo incluyen la vigilancia para controlar su producción
(para lo que les ponen un chip), el control de sus movimientos, de la
vestimenta, de lo que hablan, incluso del momento para ir al baño (para lo
que tienen que apuntarse en una lista).
Hay que hablar de esta
nueva esclavitud del siglo XXI (que a veces raya con la trata), tramada con la
migración y el sistema de fronteras. Las jornaleras que llegan a Huelva con
contrato en origen, en Marruecos (a donde tienen que regresar al finalizar
la campaña), lo hacen bajo una oferta específica de trabajo que ni tan siquiera
alcanza las condiciones del convenio colectivo, y que incumple derechos humanos
básicos. Y ya se sabe, cuando no hay derechos hay impunidad y los abusos
no tienen límite.
Llegan para trabajar durante tres meses con un salario algo superior a 40 euros/día más horas extras (que no siempre pueden hacer), pero sin garantías de volver con lo acordado, que es lo que les permitiría mantener a su familia en su país. Las cuentas no salen, porque si un día los empresarios dicen que no hay producción, no trabajan y no cobran; si deciden contratar a otras jornaleras directamente y sustituirlas, no cobran; si se ponen enfermas y no pueden trabajar, no cobran. Leer más
