Fuente: www.publico.es
DANIEL CELA
Dos informes internos
que alertan de posibles riesgos sísmicos -uno del CSIC y otro del Instituto
Geológico de España, ambos dependientes del Ministerio de Energía-, la
advertencia del Defensor del Pueblo estatal y la petición expresa del Defensor
del Pueblo andaluz para la “suspensión definitiva” “en todos sus tramos” del
proyecto de almacenamiento de gas en el subsuelo de Doñana no han convencido al Gobierno
de Mariano Rajoy para frenar o repensar el proyecto.
El departamento que
dirige el ministro Álvaro Nadal acaba de reactivar el gasoducto
situado en el subsuelo del mayor Parque Natural de España con una
subvención de 6,3 millones de euros para Gas Natural, empresa responsable
del proyecto. El Ejecutivo de Susana Díaz estudia ya la fórmula
jurídica para tratar de paralizar el gasoducto en los tribunales.
El pasado verano, este
diario adelantó dos informes del Ministerio de Energía (uno de ellos
perteneciente al CSIC) que advertía de que el Gobierno central había
“infravalorado los riesgos sísmicos” del proyecto de Gas Natural próximo a
Doñana (similares a los seísmos que provocó el almacén de gas de la plataforma
El Castor en Castellón en 2013). Los investigadores concluían que no se habían
tenido en cuenta las “afecciones negativas” cuando se otorgó la autorización
definitiva al proyecto gasístico en marzo de 2016.
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