Asentamientos de chabolas en Huelva: 26 años de abandono institucional
Las organizaciones políticas, sindicatos y colectivos ecologistas y sociales abajo firmantes han lanzado hoy una protesta unánime de indignación y exigencia ante la insostenible e indigna realidad de los asentamientos de migrantes temporeros en la provincia de Huelva.
Tras 26 años de existencia de chabolismo, como única solución habitacional para una parte de trabajadores y trabajadoras temporeras, el problema sigue prácticamente en el mismo punto de inicio. Las tímidas soluciones propuestas hasta la fecha no solventan la magnitud del problema, lo que representa una prueba flagrante de la falta de voluntad política y de una gravísima descoordinación entre las tres administraciones y el empresariado del sector.
Los intentos por hallar una solución teórica no han faltado. Desde 2014, el Foro Provincial de la Inmigración de Huelva —espacio que reúne a los actores locales y a los tres niveles de la administración— busca una alternativa habitacional digna que sigue sin materializarse. Tampoco ha tenido impacto real sobre el terreno la firma, el 1 de julio de 2022, del Protocolo General de Actuación entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Moguer y Lepe, un acuerdo dotado con más de 2,5 millones de euros. En la misma línea, el I Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales en Andalucía del Gobierno de Moreno Bonilla, presentado en 2023 y relanzado un año después, continúa sin arrojar resultados tangibles, hasta la fecha, ni cuenta con un presupuesto real y transparente para su ejecución.
El acuerdo marco de Doñana, firmado por el Gobierno central y la Junta de Andalucía en noviembre de 2023, contempla específicamente la integración y normalización de la población temporera migrante y la erradicación del chabolismo. Se trata de infraviviendas, ubicadas en zonas forestales de los términos municipales de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, construidas con residuos agrícolas, principalmente cartón, palés y plásticos, con la ausencia de los más elementales servicios como recogida de basura, saneamiento, electricidad y agua potable. Esta situación supone un riesgo para la integridad de esta población y para la conservación de los ecosistemas de la Reserva de la Biosfera de Doñana.
El pasado día 14 tuvo lugar una reunión, en el marco mencionado, de los colectivos sociales con la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El encuentro ha concluido con una profunda decepción para algunas asociaciones, que lamentan que las acciones realizadas hasta la fecha no llegan al fondo y realidad de la dramática situación que se vive en los asentamientos chabolistas.
A pesar de que el convenio firmado entre el MITECO y la Junta de Andalucía, en 2023, para la regeneración de Doñana contempla fondos específicos para medidas sociales y la eliminación de los asentamientos, la realidad es que la sociedad civil desconoce qué acciones reales se están ejecutando en los municipios para esta finalidad, teniendo en cuenta que este convenio debería terminar en 2027.
Instamos a que la Junta de Andalucía, firmante del Protocolo, lidere y coordine las acciones necesarias en las que participen todas las administraciones (estatal, autonómica y municipal), los agentes sociales y económicos para garantizar unas condiciones dignas a las personas trabajadoras.
Los colectivos firmantes reclaman su derecho a conocer con absoluta transparencia en qué se gastan los ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y Lucena del Puerto, el presupuesto proveniente del MITECO. Denuncian, asimismo, que las administraciones locales operan bajo un esquema de racismo institucional que se evidencia en varias realidades flagrantes que califican como un auténtico “castigo colectivo” hacia las personas trabajadoras migrantes y que se enumeran a continuación:
Ausencia mayoritaria de ayuda humanitaria de emergencia: Tras los sucesivos y devastadores incendios en los núcleos chabolistas, los ayuntamientos mencionados han negado sistemáticamente asistencia básica de urgencia. Decenas, e incluso centenares de personas, son abandonadas a su suerte, obligadas a quedarse al raso y durmieron con lo puesto sobre las cenizas de sus pertenencias.
Bloqueo ilegal del empadronamiento: Los tres consistorios mantienen una negativa sistemática a empadronar a las personas extranjeras en sus chabolas, obligándolas a caer, como única alternativa, en redes mafiosas que mercantilizan el empadronamiento. Esta práctica contraviene directamente la legislación española vigente, que obliga a registrar a cualquier habitante independientemente de las condiciones de su vivienda, dejándolos en una situación de extrema vulnerabilidad administrativa.
Abandono de la salubridad y acumulación de residuos: Municipios como Palos de la Frontera y Lucena del Puerto se niegan a recoger la basura en el entorno de los asentamientos. El resultado son auténticas montañas de desechos inflamables que actúan como combustible para los fuegos veraniegos, generando un foco crítico de insalubridad.
Los asentamientos: foco de incendios y un peligro para la vida y
la salud de los trabajadores
La urgencia de estas demandas coincide con un contexto trágico e insostenible. El devastador incendio forestal en Los Gallardos (Almería), que ha dejado un saldo de 13 personas muertas, junto a los sucesivos incendios en la provincia de Huelva —incluyendo el gran fuego que arrasó hace apenas una semana el asentamiento de Palos de la Frontera— han encendido todas las alarmas.
Los asentamientos chabolistas son pasto fácil de las llamas. En Huelva ya han muerto cinco trabajadoras y trabajadores en estos incendios. La sociedad civil se pregunta si estamos esperando a que haya más muertos y advierte de que, en un país democrático y en un estado social y de derecho, es absolutamente inadmisible que las personas trabajadoras que sostienen el motor económico de la provincia sobrevivan en condiciones de extrema degradación humana.
Los colectivos explican que resulta difícil entender que un negocio que genera millones de euros en ventas cada año, que supone el 8% del PIB andaluz con una demanda de más de cien mil puestos de trabajo en cada campaña, no sea capaz de ofrecer una solución habitacional a unas cinco mil personas trabajadoras, siendo una chabola construida con sus propias manos la única salida a la que se ven empujadas.
Por ello, exigimos:
- La apertura urgente de un espacio digno en Palos de la Frontera
como medida de emergencia para las cientos de personas trabajadoras que se han
quedado al raso debido al incendio del pasado 7 de julio que calcinó unas trescientas
chabolas.
-
Fiscalización y rendición exhaustiva de los fondos transferidos hasta el día de
hoy a los ayuntamientos por el MITECO.
-
Exigimos la paralización inmediata de la transferencia de dichos fondos, desde
el día de hoy, a los ayuntamientos que albergan asentamientos chabolistas hasta
que aseguren que lo invertirán en mejoras de los mismos como medida
provisional, mientras se busca una solución habitacional digna y definitiva, a
corto plazo.
-
Esas mejoras provisionales de los asentamientos se deben traducir en: la
implantación de tiendas de campaña, recogida de basura, módulos para servicios
y baños, tanques de agua potable, saneamiento básico y demás servicios
necesarios que doten de salubridad al lugar de estancia de las personas
migrantes. Recordar que el abastecimiento de agua y el saneamiento es un
Derecho Humano declarado por Naciones Unidas desde 2010.
-
El empadronamiento inmediato de todas las temporeras y temporeros que viven en
los asentamientos de acuerdo a la Ley de
Bases de Régimen Local de 1986, sus modificaciones y ampliaciones. Negar, obstaculizar o retrasar el
empadronamiento por vivir en una chabola, e incluso ausencia total de techo, es
contrario a la legislación vigente.
-
La coordinación inmediata, liderada por la Junta de Andalucía, del Gobierno
central, Junta de Andalucía, ayuntamientos de Palos de la Frontera, Moguer y
Lucena del Puerto, agentes sociales y
económicos para buscar una solución inmediata que contemple albergues de
estancia provisional y alojamientos dignos que respeten la dignidad de los
trabajadores y trabajadoras.
Por último, la sociedad civil advierte de que el desprecio a las leyes que protegen la vida humana y la falta de ayuda de emergencia ante las catástrofes en estos núcleos no puede continuar amparándose en la burocracia. Exigen compromisos vinculantes, transparencia presupuestaria y una mesa de trabajo real con soluciones habitacionales inmediatas antes de que el fuego provoque una nueva e inevitable desgracia humana.
Organizaciones, sindicatos y colectivos firmantes:
1.- Ecologistas en Acción de Huelva2.- Asociación Multicultural de Mazagón
3.- Asociación de Malienses de Mazagón
4.- Asociación de Mujeres Inmigrantes de Andalucía (AMIA)
5.- Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz (ASPA)
6.- Asociación Latinoamericana Huelva para Todos y Todas
7.- Asociación “La Calle” (Sevilla)
8.- Asociación “En la Calle” de Sevilla
9.- Adelante Andalucía
10.- Alianza Verde
11.- Centro Andaluz del Pueblo “José Félix Rivera de Huelva
12.- Coordinadora Estatal Padrón por Derecho (formada por 33 asociaciones)
13- Comisiones Obreras de Huelva (CCOO)
14.- Entrepueblos – Entrepobles -Entrepobos – Herriarte
15.- Fundación Nueva Cultura del Agua
16.- Fundación Savia
17.- Greenpeace
18.- Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
19.- Iniciativa del Pueblo Andaluz
20.- Izquierda Unida
21.- Jornaleras de Huelva en Lucha
22.- Mairena Solidaria
23.- Mesa de la Ria de Huelva
24.- Movimiento Contra la Intolerancia
25.- Mujeres 24 horas
26.- Paralelo 36 Andalucía
27.- Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA)
28.- Podemos Andalucía
29.- Por Andalucía
30.- Traperos de Emaús de Huelva
31.- Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua
32.- SOS Refugiados
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